"MINISTRO DEBE RESPONDER PORQUE SE HAN OBVIADO RECOMENDACIONES DE LA ONU"
PC RESPONDE A LAGOS WEBER
El integrante de la comisión política del Partido Comunista, Manuel Hernández, pidió al Ministro Ricardo Lagos Weber, que informe al país porqué a casi tres años de la evacuación del informe del Relator Especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, sobre "Derechos Humanos y Cuestiones Indígenas en Chile", aún el Gobierno no implementa ninguna de las medidas recomendadas en este informe, que entre otras cosas instaba a decretar una amnistía general para los presos políticos mapuche y la revisión de los juicios, lo que "ha puesto a Chile en la bochornosa situación de que su Presidenta tenga que ser abordada en el exterior por personalidades y organismos internacionales para abogar por los derechos humanos indígenas en nuestro país".
"En vez de defenderse frente a las declaraciones que no sólo el juez Juan Guzmán sino múltiples organizaciones y personalidades en el mundo, como José Saramago, Noam Chomsky y Amnistía Internacional, están realizando en favor de los mapuches en huelga, quizás el Ministro Lagos Weber, ya que dice conocer el informe del Relator Especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, debiera responder porqué el Gobierno de Chile no ha implementado ni una sóla medida de las recomendadas en ese informe para proteger los derechos humanos del pueblo mapuche, luego de casi tres años desde su evacuación", señaló Hernández, quien estuvo a cargo de las conversaciones entre el PC y el Ministerio del Interior en torno a encontrar una salida a la huelga.
El dirigente comunista subrayó que lo más probable es que de haberse tomado medidas en este aspecto, no se estaría dando la situación actual "en que cuatro dirigentes mapuches han debido llegar al límite de sus fuerzas, exponiendo su propia vida para llamar la atención sobre una situación que hace años fue alertada tanto por la ONU, como por Amnistía Internacional, Human Righs Watch, la Federación Internacional
de Derechos Humanos y otras prestigiadas organizaciones, a las cuales en ningún caso se le podría adjudicar falta de objetividad o amparo al terrorismo", señaló.
Hernández citó como ejemplo la recomendación Nº 75 del Relator Especial al Gobierno de Chile, de considerar una amnistía general para los presos mapuches procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas, así como también la Nº 71, en la que insta al Gobierno a revisar el caso de los
lonkos, Pascual Pichun y Aniceto Norín, "con estricto apego a las garantías del debido proceso establecidas en las normas internacionales de derechos humanos".
El informe, textualmente dice "no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos(asociación terrorista , asociación delictuosa) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas".
"No obstante - argumentó Manuel Hernández- después de entregado este informe y haciendo caso omiso de sus recomendaciones el Ministerio del Interior siguió haciéndose parte y alegando en causas que acusaban de terroristas a dirigentes mapuche por su actividad de legítima protesta social", señaló.
Asimismo, citó el informe de Human Rights Watch, "Indebido Proceso: los juicios terroristas, los tribunales militares y los mapuche en el sur de Chile", que en sus conclusiones recomienda al Gobierno de Chile "realice una revisión completa e imparcial de los procesos en que los mapuche han sido juzgados y condenados por terrorismo con el fin de verificar que se haya respetado el principio del debido proceso y de ser necesario ordene un nuevo juicio donde se cumplan", (textual de dicho informe).
Hernández, señaló que sería sano para el país conocer porqué no se ha tomado ninguna medida para revisar los juicios de los huelguistas, aún estando en antecedentes de que incluso está probado por un documento reservado del propio Ministerio Público que los testigos "sin rostro" que inculparon a estos cuatro mapuches recibieron 20 millones de la unidad de testigos de esa repartición.
"Negarse a ver esta injusticia y no intervenir en ella, pretextando la separación de poderes, es tan cuestionable como la actitud que tomaron los tribunales durante la dictadura, que se limitaron a cumplir con pedir información sobre los amparados a la DINA, conformándose con la respuesta oficial", enfatizó el dirigente PC.
Enviado por: Agencia Mundo Posible
